Estamos preparando reclamaciones extrajudiciales a bancos para la devolución íntegra de las cantidades pagadas de más por aplicación de las cláusulas suelo. INFÓRMESE:

  1. Conocemos exactamente qué es lo que han de devolver los bancos por aplicación de la STJUE de 21.12.16.
  2. El consumidor afectado no tiene porqué aceptar una alteración del cuadro de amortización de su préstamo si no lo desea. Puede reclamar la diferencia entre cada cuota de préstamo que pagó con cláusula suelo y la que debería de haber pagado sin ella, más el interés legal que ha de ser calculado desde la fecha de cada pago.
  3. Asumimos el hecho de que los afectados, bajo ningún pretexto han de conformarse con menos de lo que les corresponde en Derecho. Sin quitas. Sin condiciones. Los pactos de renuncia a las acciones son nulos.
  4. Ya existen las vías extrajudiciales, rápidas y efectivas, para reclamar a los bancos el cumplimiento de lo dictaminado por la susodicha STJUE de 21.12.16, que entendemos apropiadas y recomendables y que usaremos para efectuar de inmediato las consiguientes reclamaciones contra las entidades bancarias implicadas.

Con la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) del pasado 21 de Diciembre de 2016 se deja vía libre para la reclamación a las entidades bancarias de las cantidades abonadas en concepto de intereses por aplicación de las cláusulas suelo declaradas nulas. Las cantidades que han de abonar los bancos afectados en aplicación de lo establecido en la referida sentencia comprenderán en cualquier caso la devolución de la diferencia entre la cuota pagada por el prestatario en aplicación de la cláusula suelo declarada nula, y la que debería haber pagado sin dicha cláusula, así como sus intereses legales (y nótese que esta será una cifra nada despreciable) que habrán de ser calculados computando la fecha en que se produjo el pago de cada cuota hasta el pago o sentencia que así lo mande.

A nadie se le oculta que la aparición de esta resolución del TSJUE ha sobresaltado al sector bancario quien albergaba expectativas favorables al mantenimiento del criterio marcado por el Tribunal Supremo en España en el sentido de limitar los efectos restitutorios de la nulidad de las cláusulas suelo a la fecha de publicación de la 1ª sentencia que los declaró nulos, es decir, a 9.5.13.  Así, ocurre que se ha generado gran incertidumbre acerca de cómo van a proceder los bancos para enfrentar la ingente devolución de cantidades a los ciudadanos afectados, que se cuentan por miles.

Con este escenario, y en el momento en que escribo este post, el Gobierno baraja la posibilidad de editar un Código de Buenas Prácticas, de libre adhesión para los bancos, con la intención públicamente declarada de constituir una suerte de protocolo extrajudicial para que las entidades bancarias efectúen las consiguientes devoluciones a los clientes afectados. Esa es la voluntad declarada como digo, habrá que esperar no obstante para ver, vistos los antecedentes de actuación del gobierno en esta materia (defensa a ultranza de la banca) y de la experiencia previa del funcionamiento de otros Códigos de Buenas Prácticas (por ejemplo en materia de desahucios),  para ver cuáles sean las verdaderas intenciones de tal iniciativa. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos para denunciar los posibles abusos que pudieran llegar a producirse contra los afectados.

Llama la atención en cualquier caso, la iniciativa gubernamental al tratar de establecer ad hoc específicos métodos extrajudiciales para el cumplimiento de cuestiones que ya han sido resueltas en sede judicial, y ello es así porque, en realidad, dichos métodos ya existen. Piénsese por ejemplo en la Mediación, método de resolución alternativa de conflictos que actualmente y tras la publicación de la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles cuenta con todos los parabienes institucionales (más ostentosos que efectivos, dicho sea de paso) o la Conciliación prevista en la aún más reciente Ley 15/2015, de 2 de Julio, de la Jurisdicción Voluntaria, cuya aplicación entendemos muy propicia si se trata de desjudicializar materias desprovistas ya de su carácter contencioso y por ende de su trascendencia en el ámbito jurisdiccional.

Por otra parte existen una serie de cuestiones que han de tenerse en consideración y que acaso nos den una pista sobre a qué se deba la inquietud del Gobierno sobre este asunto.

En primer lugar, constatar las implicaciones fiscales de la devolución de cantidades a los contribuyentes que obviamente se habrán beneficiado en su momento de la correspondiente deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF, cuestión sumamente delicada  si tenemos en cuenta que para hipotecas constituidas de 2013 en adelante dicha deducción fue suprimida y para todas las demás resulta de aplicación el artículo 66 de la LGT en cuanto establece un plazo de prescripción de 4 años para el ejercicio del derecho de la Administración a exigir el pago de todo tipo de deudas tributarias. No es de extrañar por tanto, el interés del Ministerio de Hacienda y AAPP sobre la cuestión.

En segundo lugar, el hecho notorio de que sean multitud los consumidores que reclamaron judicialmente la anulación de la cláusula suelo de sus hipotecas y consiguiente devolución de cantidades, de suerte que ésta última les fuera denegada en los tribunales por aplicación del criterio de excepción diseñado por el TS en su Sentencia de 9.5.13 (y confirmado por STS de 25.3.15) en el sentido de negar, en contra del artículo 1303 del CC,  el principio quod nullum est nullum producit effectum, una doctrina que ha sucumbido, maltrecha y denostada, una vez aparecida la meritada STJUE de 21.12.16 de suerte que siendo firmes todas las sentencias así recaídas, el consumidor afectado bien podría articular la correspondiente acción por responsabilidad patrimonial contra el Estado que le ha infringido un perjuicio concreto y real cual es el de verse privado de la posibilidad de reclamar a su  banco cuanto le corresponde con sus intereses, además de los gastos judiciales en los que hubo de incurrir en su pretérita reclamación judicial la cual en su día y por las razones que hoy devienen erradas, no le fuera estimada en su integridad. No es de extrañar, como digo, el interés de la Administración por “soterrar” o al menos tratar de “extrajudicializar” en la medida de lo posible las reclamaciones que a partir de ahora abordará la ciudadanía afectada.

En tercer y último lugar, una cuestión que entiendo pueda no tener cabida en un proceso extrajudicial. Se trata de la situación de todas aquellas personas que suscribieron acuerdos novatorios con su banco para que les eliminara y/o moderara su cláusula suelo, acuerdos que incluían  un pacto de renuncia a ejercitar acciones contra la entidad bancaria que ahora ésta esgrimirá en caso de reclamación. Entiendo que dichas novaciones (y sus pactos adyacentes)  han de reputarse nulas como ya expuse en mi último post, al que me remito. Habrá que esperar acontecimientos si bien es de esperar que los bancos que suscribieron pactos novatorios relativos a sus cláusulas suelo acepten, motu propio, la nulidad de los de renuncia a acciones sin abocar al reclamante a entablar las correspondientes acciones en sede judicial.

 

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